PUERTO VALLARTA, Jalisco.- (ESPECIAL para SIEMPRE LIBRES) Al presentar hoy el sexto informe de actividades de la administración del Puerto que iniciara el ingeniero Arturo Dávalos, el presidente Jorge Quintero dará cuenta de que el Grupo Vallarta deja un municipio mucho mejor de lo que recibió, además de un enorme reto para quienes lo sucederán.
Decíamos ayer lo que se visualiza como el mayor logro de Arturo Dávalos y su equipo, la municipalización del SEAPAL que le da a la ciudad plena autonomía sobre su recurso más valioso, el agua potable.
Pero son muchas las obras por las que se les recordará, sin pretender hacer un recuento mejor del que hará hoy el alcalde Jorge Quintero hay que colocar destacadamente también la construcción de la nueva comandancia de policía en Ixtapa.
El manejo financiero es un logro extraordinario ya que los últimos gobiernos antes de la llegada del Grupo Vallarta dejaron en graves problemas de deuda y manejo de dinero al ayuntamiento, Salvador González Reséndiz y Ramón Guerrero tuvieron otras prioridades y Vallarta era un caos en sus arcas.
La llegada de Dávalos, apoyado por Ricardo René Rodríguez, Arturo Gradilla y Fernando Peña le dieron certeza a proveedores y empleados y nunca se les dejó de pagar a unos y a otros luego de que en los gobiernos previos los empleados del municipio rezaban cada vez que se acercaba la quincena.
El Grupo Vallarta no dejará pasivos ya que los créditos solicitados se pagaron en su totalidad así como los laudos laborales que se venían arrastrando desde administraciones previas.
En lo político muchísimo se puede decir de Dávalos y su equipo pero ya habrá otro momento para comentarlo. Por lo pronto quede claro que si en la elección pasada el naranja no ganó fue por la traición del gobernador Alfaro y su consigna de hacer perder al ingeniero y su Grupo Vallarta aunque tuviera que entregar el municipio.
En Guadalajara la
Oposición ya da Guerra
Mientras tanto en la capital del estado los ediles electos de Morena ya están dando guerra y traen de la cola al ayuntamiento saliente y al alcalde entrante con el tema de la concesión de basura. Ojo con el tema porque aquí podría darse lo mismo pero al revés, que el gobierno que llega quiera hacer negocio con un asunto que le costó a Vallarta mucho y de lo que también nos libró el Grupo Vallarta.
En Guadalajara quieren renovar el contrato a la empresa CAABSA pese a inconsistencias en el servicio y el incendio del basurero Los Laureles ocurrido hace un par de años y el nuevo permiso sería por 15 años más para esa sucia concesión..
La decisión la tomó el pleno del ayuntamiento tapatío en una sesión nocturna. El alcalde interino, Eduardo Martínez Lomelí, refirió que la concesión está condicionada a qué la empresa cumplan con tres puntos para dar sustentabilidad al manejo de los residuos: nuevo sitio de disposición final, proyecto de acopio y valorización de vidrio, así como un Centro Integral de Economía Circular, es decir consolidar el nuevo basurero de la ciudad que se construye en Tala.
«Está condicionada al cumplimiento de la creación del centro integral de economía circular qué de no estar listo en el primero de enero de 2023 se pagaron una sanción de un 20% de la factura mensual que pagar al municipio a la empresa por el servicio».
El dictamen detalla que, de no cumplirse con los puntos anteriores antes del «01 de enero de 2023, se pagará una sanción del 20 por ciento de la factura mensual que deba pagar el municipio a la empresa por el servicio y de persistir esa circunstancia, el 17 diciembre 2024 quedará sin efecto la citada vigencia sin necesidad de procedimiento alguno».
Así que los regidores electos de Morena en Guadalajara solicitaron al ayuntamiento tapatío un juicio de lesividad por el caso de la empresa recolectora de basura, Caabsa Eagle, con quien el municipio amplió la concesión de servicio por 15 años más en un decreto avalado el 27 de agosto pasado.
Cabe recordar que tan sólo el martes pasado el ayuntamiento anunció que mencionado decreto se cancelaría, luego de que el gobernador Enrique Alfaro anunciara la suspensión del basurero metropolitano en Tala, que sería operado precisamente por esta empresa.
“Las cosas en Guadalajara no se dicen, se hacen. Ayer el actual presidente municipal interino vendió la idea a los tapatíos de que el contrato de ampliación con la empresa Caabsa Eagle para recolectar basura se había cancelado. Eso es falso. No es un acuerdo entre el alcalde saliente y el entrante, es necesario que el cabildo eche para atrás dicho convenio. Así como lo aprobó todo el cabildo, el mismo órgano lo debe cancelar”, aseveró Lomelí Bolaños.
No dejó de señalar a la administración municipal también, ya que a pesar de que esta debería estar comprometida con los ciudadanos para proporcionar servicios públicos eficientes, el municipio también le ha fallado al igual que la empresa.
“Recolectar residuos sólidos urbanos en Guadalajara se ha convertido en un negocio de particulares y el mal manejo de esta provocó daños al medio ambiente y por tanto a la salud de todos”, lamentó.
Recordaron que el decreto para ampliar la concesión por 15 años comprometería al municipio por cinco administraciones, en el servicio de recolección de basura, por lo cual es imprescindible que lo echen para atrás desde el cabildo, al menos en lo que el estado determina la sede en donde estará el nuevo relleno sanitario, toda vez que Caabsa pretendía llevar la basura a Tala con un nuevo basurero, ya que el de Los Laureles –en Tonalá– está próximo a cerrar.
A decir de Mariana Fernández, la petición que hicieron ayer al ayuntamiento, para el juicio de lesividad, busca que desde la secretaría se inicie con el ejercicio, lo cual se vendrá a complementar con la investigación que pedirán también a la Contraloría de Guadalajara en contra del pleno, a fin de conocer las razones por las que avalaron ampliar la concesión.
Sobre el tema La extensión del contrato entre el ayuntamiento de Guadalajara y la empresa Caabsa se votó por el pleno del cabildo, por lo que su cancelación tiene que darse bajo los mismos términos, informó la regidora electa de Morena, Candelaria Ochoa.
Señaló que, aunque el alcalde interino Eduardo Martínez Lomelí y el electo, Pablo Lemus, confirmaron la cancelación del contrato, tiene que ser avalado por los regidores, por lo que solicitaron un juicio de lesividad.
“Se lo pedimos al secretario para que se lo pida al síndico, que inicie un juicio de lesividad por la forma en cómo se tomó la decisión para extender ese contrato a 15 años, porque compromete a cinco administraciones municipales y además compromete una condición a la empresa que es muy laxa para tratar los residuos orgánicos y en ese sentido el juicio de lesividad tiene esa limitante”.
Candelaria Ochoa también señaló que se debe revisar el funcionamiento de los llamados Puntos Limpios, pues de nada sirve que la ciudadanía separe su basura, si al final se revolverá.
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